Se cumplen
diez años del cierre de RCTV, por decreto del Presidente de Venezuela Hugo
Chávez Frías, causando visible consternación en el pensamiento libre
venezolano.
RCTV
fundada el 15 de noviembre de 1953 por el empresario y
explorador William H. Phelps Jr. fue el tercer canal fundado en Venezuela. Hasta el año 2007 que se produjo su cierre,
era el más antiguo tras la desaparición de sus antecesores Televisora Nacional
canal 5 y Televisora Canal 4 Este último
transformado en 1961 en Venevisión.
El Colegio Nacional de
Periodistas se pronunció en contra y se ha pronunciado reiteradamente opuesto a
la decisión del Gobierno de cerrar o eliminar concesiones.
Primero porque es una fuente segura y permanente de trabajo no sólo para
los periodistas, sino para todos los que de alguna manera estamos y están
activos en los ramos de la Comunicación
Social
Segundo. Porque el periodismo en cualquiera de sus
modalidades, es un servicio de interés colectivo y el periodista está en la
obligación de ejercerlo consciente de que cumple una actividad indispensable para
el desarrollo integral del individuo y la comunidad.
Tercero, porque el
periodista de acuerdo con su código de ética y principios filosóficos, debe
impedir la concepción, promulgación y aplicación de decisiones que de alguna
manera disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión
y el libre acceso a las fuentes y medios de información.
Cuando por decisión
gubernamental se cierra un canal como el de RCTV, instituido y sostenido
durante más de medio siglo y que fue precisamente creado con la venia del
Estado y por lo tanto, de la nación, para informar, orientar y entretener, se
atenta contra la libertad de información que es un derecho fundamental y piedra angular de todas las libertades
consagradas en la Carta
de las Naciones Unidas, proclamada en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, garantizada en la Constitución
Nacional
El periodista concibe la libertad de
información como un factor de elevación espiritual, moral y material del
hombre. En consecuencia, estamos en la
obligación insoslayable de denunciar como fraudulento todo cuanto se invoque
para impedirla, disminuirla o anularla.
