Manifestaciones del 12 de febrero de 2014
La Alianza por la Libertad de Expresión rechaza
ausencia de información en los medios de comunicación
Las distintas manifestaciones que se realizaron
durante el día 12 de febrero de 2014
terminaron con al menos 3 personas fallecidas, numerosos detenidos y
heridos. Estos hechos fueron silenciados por medios públicos y privados. Por
ello la Alianza por la Libertad de Expresión demanda con fuerza el
esclarecimiento de los hechos violentos, el cese del hostigamiento sistemático
del Estado contra medios y periodistas; y exige a los editores y propietarios
que asuman la responsabilidad de ofrecer información a la sociedad venezolana.
La recurrente política de Estado contra los medios
de comunicación que le son adversos y sus periodistas produjo un silenciamiento
informativo. Los editores, propietarios de los medios e intermediarios en la
distribución de canales deben responder de los distintos mecanismos que están
aplicando para ocultar información y al
mismo tiempo hacer visibles las presiones que reciben.
Antecedentes
El 11 de febrero de 2014 William Castillo, Director
General de CONATEL dio a conocer un comunicado del Directorio de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión en el cual criticaba la cobertura
mediática de hechos de violencia por algunos prestadores de servicios privados
nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos.
Según este comunicado esta cobertura informativa puede ser violatoria del
artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios
Electrónicos, el cual prohíbe “la difusión de contenidos de apología del odio y
la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la
paz pública”[1].
En este sentido, el comunicado exhorta a los medios
de comunicación al “estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, recordando que la violación de
estas normas acarrea penas y sanciones. Además, declara que el Directorio de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión estará en sesión permanente para
atender esta situación y dictar las medidas que se consideren adecuadas.
Este comunicado constituye un mecanismo institucionalizado de amenaza y
coerción para los medios radioeléctricos y contribuyó al silenciamiento de
eventos informativos en las estaciones de radio y televisión. Fue evidente que
las movilizaciones pacíficas no tuvieron cobertura en directo por los medios
locales. Todo ello contribuyó a que circularan rumores e información no
verificada y generó incertidumbre en amplios sectores de la sociedad.
Consecuente con esta declaración, alrededor de las
6:00 de la tarde del día 12 de febrero de 2014,
las cableoperadoras de Venezuela Movistar y DirectTV, eliminaron de sus
canales disponibles la programación de noticias NTN24. Era el único canal de
televisión que transmitía información relacionada con las manifestaciones que
ocurrían en Venezuela, de sectores de oposición y del oficialismo.
Análisis
La libertad de expresión es un derecho humano
ampliamente reconocido tanto por la Constitución Nacional como por los
principales tratados internacionales de derechos humanos[2]. Si bien es cierto que este
derecho tiene algunas restricciones, es indispensable que se permita el mayor
flujo de información posible en una sociedad democrática[3]. El artículo 337 de la
Constitución Nacional precisa que aún en estado de excepción subsiste la
prohibición de incomunicación y el derecho a la información.
En este sentido, las declaraciones de CONATEL
anteriormente mencionadas atentan contra la Constitución Nacional y los
estándares del derecho a la libertad de expresión, y en ninguna forma promueven
este derecho. Por el contrario, generan temor en los periodistas y medios de
comunicación por las posibles represalias que se puedan tomar en su contra,
generando así un efecto inmediato de autocensura. Esto atenta tanto contra la
libertad de los periodistas y medios de difundir información, como contra el
derecho de todos los venezolanos a estar informados sobre la situación de
violencia que ocurre en Venezuela.
La exclusión del canal internacional de noticias
NTN24 constituye un mecanismo de censura directa que impide que se transmita
información sobre los hechos noticiosos que ocurrían particularmente el día 12
de febrero en el marco de las manifestaciones públicas en diversas ciudades de
Venezuela. Es importante resaltar que esta medida fue tomada sin proceso ni
orden judicial, sin notificación alguna a los suscriptores y de forma arbitraria.
Por estas razones, exigimos al Estado Venezolano:
1. El cese de la política de
Estado de hostigamiento sistemático a la libertad de expresión de todas la
personas, especialmente de aquellas que manifiestan disenso u oposición a su
gobierno.
2. Se abstenga de abrir
procedimientos administrativos contra los medios de comunicación por la
difusión de noticias sobre hechos violentos en Venezuela con los parámetros
vagos y discrecionales expresados en la Ley de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos.
3. Pida a las cableoperadoras
reincorporar de forma inmediata al canal de noticias NTN24 a su parrilla de
programación.
De la misma manera exigimos a los medios de
comunicación venezolanos que cumplan su deber de informar a la colectividad
sobre los hechos noticiosos que sucedan en el país, venciendo el temor y
actuando con responsabilidad profesional.
Solicitamos también a las empresas cableras que
informen las razones por las cuales sacaron del aire al canal NTN24, que
reincorporen su señal de forma inmediata y que se abstengan de repetir este tipo
de actuaciones.
Finalmente hacemos un llamado a toda la sociedad a
que defienda y hagan valer su derecho a la libertad de expresión, de
información y de manifestación pacífica de conformidad con nuestra
Constitución.
La Alianza por la Libertad de Expresión es una red
de organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro cuyo objetivo es
defender y promover la libertad de expresión y de información en Venezuela.
En Caracas, a los trece (13) días del mes de febrero
de 2014.
Centro de Investigación de
la Comunicación de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB)
Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Colegio Nacional de
Periodistas
Comité de Radio, Televisión
y Servicio Público
Dirección de Postgrados de
comunicación social de la UCAB
Espacio Público
Expresión Libre
Instituto Prensa y Sociedad
Ser-Comunicaciones
Investigación
Sindicato de Trabajadores de
la Prensa
[1] CONATEL (2014). Cobertura
mediática de hechos de violencia podría violar artículo 27 de la Ley de
Responsabilidad Social. Recuperado el 12.02.14 en http://www.conatel.gob.ve/#http://www.conatel.gob.ve/index.php/principal/noticiacompleta?id_noticia=3344
[2] Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, artículos 57 y 58 / Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, artículos 19 y 20.
[3] CIDH. Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 1: “La libertad de
expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e
inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito
indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
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