2014: el año con más violaciones registradas en los últimos
20 años
Durante año 2014 en Venezuela hubo un contexto de
conflictividad social, con movilizaciones estudiantiles enmarcadas en la
exigencia de soluciones ante la inseguridad, la violencia y la impunidad. En
materia de libertad de expresión, el 2014 fue cuantitativamente el peor año
para las garantías al derecho humano a la libertad de expresión. De enero a
diciembre, se documentó un total de 579 violaciones a la libertad de expresión,
que corresponden a 350 denuncias/casos. Esta cifra representa la más
alta registrada en Venezuela desde, al menos, los últimos 20 años.
Los datos
registrados implican un incremento de 59% en el número
de denuncias/casos con respecto al año 2013 en el mismo período y un total
de 474 víctimas. Asimismo, el número de violaciones al derecho a la
libre expresión, presenta un incremento de 102% respecto al año 2013.
En el mes de febrero durante las
protestas de calle, se registraron 86 casos de violaciones del derecho a la
libertad de expresión e información que, en comparación con febrero 2013 (7
casos), mostró un aumento de 500 %.
El tipo de violación más
recurrente fue la censura sumando 145 violaciones de este tipo (25,04%). En
segundo lugar las agresiones en 93 ocasiones (16,06%) y en tercer lugar la
intimidación aplicada 88 veces (15,20%). Las amenazas, ataqu
es y agresiones
constituyeron los tipos de violaciones que más aumentaron con respecto al año
2013. Las víctimas se incrementaron en un 47% con respecto al año
anterior. Los afectados no son solo profesionales del periodismo o los medios
de comunicación.
Victimarios
Los cuerpos de seguridad encabezan las violaciones a la
libertad de expresión (28,57%), principalmente las relacionadas a casos de
agresiones e intimidación contra periodistas y personas levantando información
en manifestaciones. En segundo lugar, las Instituciones administrativas
(16,97%), que principalmente por medio de sanciones y multas afectan a los
medios de comunicación y a sus periodistas y en tercer lugar funcionarios
públicos (8,86%) que reinciden en la descalificación hacia los trabajadores de
la prensa.
En cuanto a los terceros particulares, los desconocidos son
los que ocupan la primera posición, esto relacionado a las amenazas y ataques a
medios de comunicación y periodistas (7,43%), a estos le siguen los dueños y
directivos de medios cuya principal violación aplicada es la censura a
periodistas y programas críticos al gobierno nacional (19,71%). Los grupos
armados/violentos (4,57%) se encuentran en tercer lugar siendo responsables de
muchas de las agresiones, hurtos y amenazas hacia periodistas.
Exigencias y recomendaciones
El contexto nacional exige que se
respete la libertad de expresión como derecho humano, fomentándola y eliminando
las barreras que puedan impedir su realización. La necesidad de diálogo y
debate, la consideración de diversos puntos de vista, representa en Venezuela,
una herramienta democrática que contribuiría en la ampliación de oportunidades
para la participación a las comunidades, fortaleciendo la gobernabilidad del
país y permitiendo la mejora de la calidad de vida.
Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las
garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a
la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de
funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de
hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la
población que reside en Venezuela.
Urge garantizar independencia por parte de CONATEL y otros
entes rectores en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico,
asignación de divisas para importación de papel e insumos para prensa, con el
objeto de que puedan existir medios de comunicación plurales en los que todas
las ideas puedan ser expresadas.
Asimismo, es necesario garantizar la integridad personal de
los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades
profesionales, investigando y sancionando cualquier agresión proveniente de
funcionarios públicos o particulares. Además, el Estado debe cumplir,
cabalmente, las obligaciones adquiridas en los convenios internacionales en
donde se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos. Ello implica
entre otros desafíos ajustar el marco regulatorio venezolano a los estándares
del derecho internacional de los derechos humanos para evitar las
incompatibilidades que existen y debe permitirse la visita de los responsables
de las Relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que
puedan contribuir con las políticas públicas de Estado venezolano y
armonización con las obligaciones del Derecho internacional de los Derechos
Humanos.
También se debe desarrollar un marco legal que garantice el
ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación
por parte de los afectados y una revisión del Código Penal que suprima las
figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con
privación de libertad. De esta manera las faltas al honor o reputación puedan
ser resarcidas a través del derecho a réplica.
El Estado debe contribuir a impulsar un contexto en donde
el diálogo e intercambio, basado en el respeto y en el reconocimiento como
iguales, sea posible. Este es un requisito indispensable en una sociedad
democrática y pacífica que se desea y la institucionalidad pública cuenta con
las herramientas que lo pueden hacer posible.
Si desde leer el informe
completo puede descargar el adjunto o entrar en el siguiente link: http://goo.gl/jctI5q
