Los periodistas, por supuesto que el periodismo y los
medios, siempre han estado en la mira del poder. No hay más que registrar la
historia para darnos cuenta del papel que ellos han jugado, ya sea como actores
sociales o asumiendo el papel de actores políticos, y comprobar la veracidad de
esa afirmación. Los periodistas y los medios asumen compromisos con ciertas
causas y hechos; esto hace que se transformen en espejo de la realidad social,
política y económica, para convertirse en un actor histórico que pone en jaque
al poder en cualquiera de sus formas. ¿Es esta la tarea que deben cumplir?
Interrogante para el debate.
Lo que sí podemos afirmar es que el periodista y el medio
forman parte de la vida pública y por lo tanto inciden en ella junto a otros actores
como los políticos, la sociedad civil, las iglesias, las ONG, los sindicatos…
Lo que ha venido ocurriendo, no solo en nuestro contexto, sino fuera de él, es
que los media y sus periodistas han ocupado la vacante que dejaron otros
actores-instituciones y además la ciudadanía –equivocadamente o no– les ha
otorgado ese papel de comportamiento ante los diversos problemas públicos.
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Los tiempos que vivimos en el país han sido duros para los
periodistas, pero también han sido tiempos difíciles para la industria de los
medios. El gobierno de antes y el de ahora le han tenido y le tienen mucho
miedo al periodismo porque desde él se transparentan los ineficientes manejos
del poder, se proponen los hechos noticiosos de la agenda pública, determinan
la deliberación social y ponen en evidencia el mal manejo de la cosa pública.
Pero también los massmedia han distorsionado u ocultado información y han
intentado ser, en ocasiones, un balance del poder haciendo selección y
jerarquía de las noticias, incluso con formas de narrar que se alejan de sus
obligaciones ético-políticas.
No es casual entonces que el 13 de agosto se haya presentado
ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Comunicación Social. Antes de
entrarle a algunos aspectos de ese proyecto, digamos que en la Venezuela del
socialismo del siglo XXI hay más de veinte leyes que tocan el tema de la
comunicación. Nos encontramos con instrumentos jurídicos que van directamente
al tema de los contenidos de diversa temática (políticos, económicos, sociales,
culturales, etcétera), otro grupo que toca el mundo de las comunicaciones
comerciales y, finalmente, unas leyes que soportan jurídicamente el llamado
Estado comunal y que tienen incidencia en las comunicaciones en general. A
manera de ilustrar, digamos que la AN en todo el año 2013 aprobó veinte leyes;
30 % de ellas (6) tiene que ver con el tema de las comunicaciones y sus
profesionales.
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Cuando analizamos los contenidos del Proyecto de Ley de
Comunicación Social hay que tener presente los referentes anteriores. Ese
proyecto no puede ser visto de manera aislada. Los gremios periodísticos han
llamado la atención en tres aspectos: el asunto de la colegiación, la Ley de
Ejercicio del Periodismo y la formación académica. Ya en 2009 se planteó el
tema. En aquel entonces dos diputadas, además periodistas, indicaron que se
debía reformar la ley porque “es de vital importancia proyectar el ejercicio
del periodismo en este proceso de transformación. Cómo deberíamos orientar una
ley que pueda adaptarse a esta nueva realidad”.
El Proyecto de Ley de Comunicación Social vuelve a insistir
en lo mismo, pero ahora va más allá. Para el proyecto “todos los humanos” somos
comunicadores que debemos estar amparados porque el ejercicio de la
comunicación “no puede estar restringido, y menos por una Ley, a un limitado
número de personas” El tema radica en diferenciar comunicación de información.
La información requiere de unas reglas de presentación, de codificación, de
mediación, de producción social, en cuanto producto comunicativo de carácter
público. Para ello es indispensable la formación universitaria que le otorga al
futuro periodista-comunicador un conjunto de materias primas que le dan valor
añadido al producto informativo.
Lo que sí es peligroso es lo que se cuela en el proyecto, y
se formula en los artículos 17 y 18. Desde el artículo 17 el periodista no
podrá escribir o difundir información sobre una persona sin que esta sepa qué
se está informando sobre ella. Censura previa y autocensura. Y el artículo 18
nos dice que es “inexcusable” informar sobre “situaciones irrelevantes”. ¿Quién
determina la irrelevancia de un hecho o de una información?
Hoy vivimos en el des-orden impuesto desde el poder que
des-gobierna. Ese poder quiere seguir des-ordenando las comunicaciones más de
lo que ya están. Esperemos que la sensatez que privó en el año 2009 se
haga presente otra vez y se clausure cualquier debate sobre este
Proyecto de Ley de Comunicación Social.
