En medio del debate que
sostuvieron el pasado viernes 18 de marzo el presidente del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP), Tinedo Guía, y el representante de “Periodistas por la
Verdad”, Marcos Hernández, en el programa “Vladimir a la 1”, de
Globovisión, el segundo afirmó que “el estado venezolano no tiene porqué
subsidiar a los medios privados”, a los que calificó de “empresas muy
rentables”.
Se entiende por subsidio la
venta que hace el gobierno a medios impresos privados de insumos
imprescindibles para su elaboración, como planchas, tinta y papel, en este caso
importados a dólares preferenciales. Llegó asimismo a justificar la crisis que
condujo un día antes a la desaparición de la edición impresa de “El Carabobeño”
por falta de papel, a los desaciertos en los que supuestamente habría
incurrido el rotativo valenciano y en consecuencia habría sido
víctima de su propia “falta de credibilidad”.
No sorprenden aseveraciones
de este tipo, tan tendenciosas y alejadas de la realidad en boca de Hernández,
pues es bien conocida su actuación durante todos estos años al frente de
“Periodistas por la verdad”, que no pasa de ser una organización con fachada de
ONG, creada expresamente para defender los desmanes del gobierno contra medios
y periodistas e inclusive atacar a ambos sectores desde semejante parapeto,
cuya coordinación ejerce simultáneamente mientras es funcionario de Conatel.
Esto último, por cierto, no fue dicho en el programa.
Cualquiera diría que el
colega Hernández no ha vivido en Venezuela durante los últimos años y que en
razón de ello desconoce no solamente las perversas maniobras y decisiones
oficiales para imponer lo que desembozadamente anunciaron hace muchos años los
capitostes gubernamentales como uno de los objetivo fundamentales de la mal
llamada “revolución bolivariana”: la hegemonía comunicacional por parte
del aparato del estado. Para ello, al tiempo que se asfixiaba mediante
distintas acciones a los medios privados e independientes, se invirtió y se
sigue invirtiendo una ingente suma de recursos en crear el mayor andamiaje
comunicacional y propagandístico que haya tenido gobierno alguno en América
Latina.
Adicionalmente, Hernández
simula ignorar que en el país opera un control de cambio que impide no
solamente a los medios privados, sino a todo el empresariado nacional el acceso
directo a las divisas y que su asignación a precios preferenciales se hace de
manera discriminatoria, con criterio de premio y castigo, según sea crítica,
plegada o servil la línea informativa de esos medios. La asignación de divisas
al sector privado ha llegado a mínimos históricos. Las reservas
internacionales están por el suelo después de la más grande orgía rentista
petrolera de la historia.
Habló Hernández de “empresas
muy rentables” cuando ese es un concepto que ya no vale para la gran mayoría
del sector privado en un país cuyo parque industrial ha sido reducido poco
menos que a cenizas por el obsoleto, ideologizado y demencial modelo económico
que, a rompe y raja, se ha tratado de implantar en el país y cuyo fracaso no
reconocen.
Tampoco tomó en cuenta el
funcionario del Conatel, ni los otros dos colegas, el aspecto referido a la
caída en picada de la inversión publicitaria. La privada porque son muy pocos
los bienes que vender y, asimismo, contadas las empresas que se pueden dar el
lujo de invertir en publicidad. Y por otro lado, el principal anunciante del
país, que es el propio sector oficial, lo hace igualmente de manera
discriminatoria y cada vez menos, dado el agotamiento de los recursos.
¿No se habrá preguntado
alguna vez el colega Hernández por qué fueron vendidos la Cadena Capriles, el
diario El Universal y Globovisión? ¿Cuáles fueron las nefastas condiciones que
se conjugaron para que sus dueños originales terminaran vendiendo lo que por
décadas fueron empresas estables, prósperas y en permanente modernización y crecimiento?
¿Y a manos de quienes fueron a parar esas empresas? ¿Quién controla totalmente
a la Cadena Capriles? ¿A quién responde la línea informativa de El Universal?
Mientras los medios privados
caen unos tras otros, y hay más de 80 medios impresos regionales en plena
crisis, los medios del Estado, convertidos en instrumentos al exclusivo
servicio del oficialista PSUV y sus aliados, constituyen unos de los más
grandes desaguaderos de recursos del país. Ni hablar de Telesur que quema
cuantiosos recursos en dólares, contantes y sonantes. Hasta diciembre,
las 32 páginas a todo color del “Correo del Orinoco” valían 2 bolívares y
Ciudad CCS se sigue distribuyendo de manera gratuita.
A pesar de las dificultades,
los venezolanos están a punto de revertir el proceso político que condenó a
muerte la libertad de expresión y el derecho a la información. De ello depende
hoy más que nunca la supervivencia de muchos medios de comunicación, sobre todo
impresos, que, aun a costa de su existencia, apostaron por una Venezuela donde
reinen los valores del sistema democrático, la democracia, la pluralidad,
la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas.
