Periodistas piden anulación del CESNA

Gremios y ONGs pidieron al TSJ anular la Sala Situacional Magistrados escucharon alegatos a favor y contra del decreto del Cesna

JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

viernes 12 de octubre de 2012 12:00 AM

La Constitución de 1999 establece que derechos fundamentales como el acceso a la información público sólo pueden ser restringidos o regulados por medio de leyes, por ello el decreto mediante el cual el presidente Hugo Chávez que creó en junio de 2010 el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna) debe ser anulado.

La afirmación la hicieron los representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa

(SNTP) y de Espacio Público que ayer acudieron a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para exponer, de viva voz ante los magistrados, sus alegatos en contra de la resolución que crea un organismo encargado de centralizar la información en poder de los organismos públicos.

"La clasificación de información tiene que hacerse mediante ley, de manera clara y que haya mecanismos expeditos mediante los cuales las personas al solicitar la información se les explique por qué no se les da y uno tenga la posibilidad de presentar argumentos ante una instancia judicial", afirmó Carlos Correa, director de Espacio Público, a la salida de la audiencia que este jueves celebró el máximo juzgado por la demanda de nulidad que los gremios y la organización interpusieron contra la resolución del Jefe del Estado.

Para el activista que el decreto delegue en el Director del Cesna decidir qué información en manos de los organismos públicos se difunde y cuál no dificultará a los ciudadanos ejercer la contraloría social.

"Este funcionario puede clasificar como información confidencial cualquier información que considere, y esto restringe el derecho a la libertad de expresión al prohibirnos a los ciudadanos conocer asuntos públicos que se manejan en distintas instancias del Estado", afirmó, al tiempo que agregó: "Informaciones sobre funcionarios asociados con hechos de corrupción podrían clasificarse como confidencial".

Durante la audiencia la representación de la Procuraduría aseguró que el organismo adscrito al Ministerio del Interior y Justicia no censurará datos y estadísticas en poder de organismos públicos, sino que simplemente se limitará a centralizarlos y organizarlos.

Ninguno de los cinco magistrados de la Sala (Evelyn Marrero, Yolanda Jaimes Guerrero, Emiro Rosas, Mónica Misticchio y Trina Omaira Zurita) formuló ninguna pregunta. A partir de ahora los funcionarios tienen, de acuerdo con la Ley del TSJ, 30 días para decidir si anulan o no el decreto presidencial impugnado.