¿Tiene sentido invertir tiempo en considerar bagatelas
seudofilosóficas que parecieran escritas por alguien en un momento de delirio?
Debí vencer mi resistencia inicial porque una iniciativa
legislativa sobre un tema tan complejo y delicado como la comunicación, si bien
se presenta a título personal, debe responder a alguna necesidad del gobierno
de la dupla Maduro Cabello de seguir estrechando el cerco rojo a los medios de
comunicación. Luego de quince años en el gobierno no hay una sola acción que se
haya avanzado en una real perspectiva de democratizar las comunicaciones. Y,
para no dejar ningún suelto, digamos de una vez que lo ocurrido con la radio televisión
comunitaria es una de las más grandes estafas y traiciones de este gobierno al
someterlas al ideario excluyente de la “revolución”.
No pierdo tiempo en los considerando, la parte risible del
anteproyecto de Ley de Comunicación Social presentado por el editor Gastón
Guisandes, el miércoles 13 de agosto ante la Comisión de Medios de la Asamblea
Nacional, para entrar en lo sustancial.
Llama la atención que una Asamblea Nacional, que se
caracteriza por su morosidad, poco rendimiento y delegación de atribución
legislativa en el poder ejecutivo, haya sido tan expedita para aceptar una
iniciativa legislativa proveniente de un particular a apenas dos días del
cierre del periodo ordinario de sesiones. La propuesta de Guisandes rompe todo
esquema institucional de presentación de leyes ante la Asamblea Nacional: no es
acompañada por firmas, no la presentan diputados, no aparece como decisión de
la dupla gobernante. Al no haberse cumplido esta formalidad podría uno pensar
que la Comisión de Medios conocía el proyecto y, en función de su importancia y
urgencia, decidió darle el trámite. Pero ¿pudo alguien sacar algo claro de tan
heterodoxos considerandos? Lo dudo, y la duda me conduce a pensar que el
proyecto de Guisandes debe ser parte de un plan dentro de la tristemente famosa
conceptualización de la hegemonía comunicacional. Notoriamente contiene lo que
con justificada alarma rechaza el Colegio Nacional de Periodistas y reconocidos
académicos venezolanos: el proyecto de marras es un torpedo contra la profesionalización
del ejercicio del periodismo y contra la colegiación. Siendo tan “evidente” que
toda persona “al momento de nacer, se incorpora a la vida con una propiedad que
es, intrínsecamente, propia al ser” por qué debe inscribirse en un Capítulo
Estadal del Colegio de la Comunicación Social que será creada por mandato de
esta nueva ley. Cierto que en otro artículo se dice que tal inscripción es
facultativa pero se parece mucho a las captahuellas del racionamiento de
Maduro, es voluntaria pero obligatoria.
Estaríamos ante la misma estrategia utilizada en otros
ámbitos de ir creando estructuras paralelas que socaban la institucionalidad
existente, la cual no ha podido ser sometida ni en la consulta popular ni con
las permanentes descalificaciones ni presiones.
Pero junto a este vistoso asunto de la desprofesionalización
del ejercicio del periodismo y hay otro más opaco y pernicioso: la censura y la
autocensura.
El artículo 17 establece: “Se consideran faltas
inexcusables, publicar o difundir informaciones o noticias que expongan, causen
la muerte o provoquen daño grave o irreparable, a personas que desconozcan
cuanto vaya a publicar el comunicador social, conociendo éste, las
consecuencias de la o las publicaciones a efectuar o efectuadas”. ¿Quiere decir
esto que el comunicador debe llamar a la persona para consultarle el
tratamiento u oportunidad de su noticia?
De la misma manera en el artículo 18 se dice: “Igualmente se
considera inexcusable, publicar o difundir hechos que exponen al desprecio
público o pueden producir males irreparables o muy conflictivos, a personas
sobre las cuales se informa de estados, condiciones irrelevantes, que nada
tienen que ver o en nada influyen en los hechos que originan la noticia o la
información que se difunde o publica o difunde, ni en el desenlace de la
misma”. ¿Cuál es el funcionario que va a hacer prevalecer su criterio?
Sin duda alguna, la presentación de este anteproyecto ha
causado justa alarma en un año en que el gobierno ha avanzado en su asfixia a
la libertad de expresión y al derecho a la información, agregando nuevas
modalidades al cerco rojo: limitaciones en acceso a las divisas para
adquisición de papel de los medios impresos, compras de medios de comunicación
bajo opacidad absoluta de sus nuevos propietarios pero muy transparente el giro
en sus nuevas políticas editoriales informativas favorables al ejecutivo,
incremento de las abusivas cadenas presidenciales, cierre de programas, imperio
de la autocensura.
Si Venezuela necesita legislación en el campo de las
comunicaciones sería para dar cumplimiento al mandato constitucional del
articulo 108 de ofrecer a los venezolanos un servicio público de
radiotelevisión, en ofrecernos una norma jurídica que garantice el libre acceso
a la información pública y, muy particularmente, una ley que regule el abuso de
las cadenas presidenciales. #AbajoCadenas
No hay comentarios:
Publicar un comentario