Expresión
Libre, comunicadores por la paz y la democracia
-Silvia Alegrett, coordinadora general de
Expresión Libre recordó la lucha de la sociedad civil en defensa de ese medio
de comunicación social
(Caracas, 08-09-2015) Expresión
Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia, considera que con la
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado
venezolano por el cierre de Radio Caracas Televisión, se inicia el proceso de
reparación a las graves afectaciones contra ese medio de comunicación y a la
libertad de expresión y por tanto resulta imprescindible el acatamiento de
dicha medida por el gobierno nacional.
El estado venezolano deberá
restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico
correspondiente al canal 2 de televisión y deberá devolver los bienes objeto de
las medidas cautelares, según el dictamen de la CIDH.
Silvia Alegrett, en nombre de la
citada organización de periodistas y comunicadores, sostuvo que la
decisión de la Corte Interamericana ha sido recibida con beneplácito por la
sociedad civil venezolana que en el año 2007 libró una larga lucha para exigir
al presidente para la época, Hugo Chávez, respetara el derecho de RCTV, el
canal más antiguo y con mayor penetración en el país, a renovar su frecuencia y
mantener su señal al aire.
La CIDH ha dictaminado que al
impedir la renovación de la concesión para el uso del espectro radioeléctrico a
RCTV, “se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la
libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a
impedir la comunicación y circulación de la ideas y opiniones”.
De igual manera, la Corte
Interamericana, con sede en Costa Rica, determinó que el Estado venezolano
violó el deber de no discriminación, el derecho al debido proceso, al de un
plazo razonable en un contencioso y el derecho a ser oído de los
propietarios y trabajadores de RCTV. Cerca de 3 mil trabajadores perdieron sus
empleos a causa del cierre de esa empresa comunicacional.
“Con el cierre de RCTV se violó no solamente
la Constitución Nacional, sino también varios artículos del Pacto
Interamericano de Derechos Humanos que el Ejecutivo Nacional está obligado,
antes y ahora, a darle cumplimiento como corresponde en un Estado democrático.
Por nuestra parte, estaremos vigilantes y alerta para exigir que así se haga”,
finalizó Alegrett.
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